El sexo del futuro es violencia machista

(artículo publicado en el diario Información el domingo 26 de noviembre de 2017)

En este diario se publicaba esta pasada semana una noticia con el siguiente titular: “El Festival Erótico de Alicante de IFA adelanta el sexo del futuro con robots y realidad virtual” Y en la entradilla se especificaba que “La sexta edición del FEDA contará este fin de semana en IFA con la presencia estelar de una cibermuñeca y animación erótica”. El contenido, absolutamente acrítico, reproduce la nota de prensa con la que las dos empresas organizadoras (de la industria del porno) hacen publicidad del evento. Un evento que tiene lugar en las instalaciones de la Institución Ferial Alicantina (IFA), un consorcio de carácter semipúblico cuya alta representación y gobierno ostenta Rafael Climent, el Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo del Gobierno valenciano, y que también esta misma semana confirmaba que la Generalitat asumirá los 70 millones de deuda que soporta IFA, tal y como publicaba este diario. O sea, que parte de eso, que además se celebrará el mismo día en que se denuncia mundialmente la violencia contra las mujeres, lo pago yo con mis impuestos. Como comprenderán, no puedo permanecer en silencio.

No es que yo sea, sexualmente hablando, una “estrecha”. Pero es que lo que nos venden como sexo a través de la pornografía no es sexo, es violencia. Y, concretamente, violencia machista. Ya la feminista Andrea Dworkin, lesbiana radical (¡cuánto tenemos que agradecer a las feministas lesbianas!), centró tempranamente su activismo en la lucha contra la pornografía, como testimonia su libro “El odio a las mujeres” (1974), a la que calificaba como discriminación sexual y que prosperó en Indianápolis en forma de ley con la ayuda de la abogada feminista Catherine Mackinnon. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se encargó de tumbarla. Pero la adelantada Dworkin sabía de qué hablaba aún antes de la generalización de internet. Gail Dines, doctora en Sociología y Estudios de las Mujeres en una institución de enseñanza superior en Boston, afirma ahora (como otras muchas) que la pornografía es la crisis de salud pública de la era digital. Explica cómo la industria pornográfica ha secuestrado la sexualidad, de tal manera que reduce el sexo a un producto industrial tóxico. En efecto, teclear en google “sexo” te catapulta hacia un mundo de violencia sexual, degradación y deshumanización. Lo que llamanos “hacer el amor”, en el mundo del porno –afirma Dines- en realidad es “hacer el odio”. Todas las emociones que emergen están vinculadas al odio: degradación, miedo, violencia, asco. Los chicos piensan que las chicas se van a comportar como las chicas y las mujeres en la pornografía. Así, lo que se denomina “bukake” acaba siendo una violación grupal como la de los sanfermines. Si esto es el sexo del futuro, apaga y vámonos.

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Un maltratador no puede ejercer como padre

(artículo publicado en “Información” el domingo 19 de noviembre de 2017)

El asesinato de Jessyca Bravo Cutillas en Elda por su expareja y padre de su hijo motivó la convocatoria por vez primera de la recientemente creada comisión de seguimiento del también reciente Pacto Valenciano contra la Violencia Machista y de Género (se firmó el 18 de septiembre) para analizar qué había fallado. Dos días después del anuncio de esta convocatoria, el domingo, un hombre asesinaba en Alzira a su hija de dos años como venganza por la intención de la madre de separarse de él. Este pasado miércoles se reunía la citada comisión y a resultas de la misma la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad, Mónica Oltra, trasladaba a los medios que no se iban a escatimar esfuerzos para conseguir una sociedad “libre, democrática, segura y en paz para las mujeres y los niños”. Y en esa línea anunció que la futura Ley valenciana de Infancia y Adolescencia incluirá la retirada de la patria potestad al padre en caso de existencia de una situación de riesgo para los hijos por violencia de género, así como la obligación para el agresor de dejar la casa en casos de violencia contra menores (espero que se contemple también esta medida en casos de violencia contra las mujeres).

Pero ya la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia modificó la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estableciendo la posibilidad de que el juez pueda retirar o suspender el ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia o el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto de los menores que dependan de él. La cuestión es que no se hace. Y no se hizo en el caso de Jessyca, aunque esa información apenas haya trascendido.

El asesino ya había sido denunciado por ella en 2014, siendo absuelto porque ella se amparó en su derecho a no declarar contra él (incomprensible que esto no se ha cambiado ya). En enero de 2016 fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Ella lo volvió a denunciar el pasado 2 de noviembre por amenazas y, como medida cautelar hasta la celebración del juicio (señalado para el 9 de noviembre), el juzgado dictó una orden de alejamiento, comunicando la medida según marca el protocolo. Pero hizo algo más: acordó medidas para que las entregas del niño, cuyo régimen de visitas había sido pactado meses atrás por los progenitores, se produjeran a través de una tercera persona. ¿Por qué no lo suspendió? ¿Cómo es posible que un maltratador pueda ser considerado un buen padre y, por tanto, merecedor siquiera de un régimen de visitas? No hablemos ya de custodias…

“Subrogar” la gestación: además de imposible, es inconstitucional

 

(Artículo publicado en diario “Información” el domingo 12 de octubre de 2017)

Cada vez es más frecuente la organización de foros de debate sobre lo que legalmente se denomina “gestación por sustitución” (así lo hace la Ley de Reproducción Humana Asistida) por parte de instituciones políticas, organizaciones sociales, medios de comunicación y universidades. En muchas ocasiones se utilizan para legitimar socialmente esta práctica de tal forma que se allane el camino a la aprobación de propuestas de legalización como la planteada por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, cuya tramitación parlamentaria presumiblemente será más pronto que tarde. En uno de esos foros, recientemente celebrado, expertas juristas sostenían que la prohibición de esta práctica “podría tener elementos de posible inconstitucionalidad” por suponer una injerencia en la autonomía personal. Y una, como constitucionalista con perspectiva crítica (y ahí se inscribe el feminismo, como teoría crítica del poder), comprenderán que no puede permanecer impasible ante tales afirmaciones que trascienden al debate académico y se trasladan a la opinión pública.

Creo que la mayoría de las veces lo más obvio es lo más invisible, lo que pasa más desapercibido. Y a algunas de esas obviedades en esta debatida cuestión quiero hacer referencia aquí. Primera obviedad: la gestación (y el parto) es un proceso biológico, no una “técnica”. Segunda obviedad: es imposible la sustitución o subrogación en los procesos biológicos. Tercera obviedad: biológicamente, sólo las mujeres pueden gestar y parir. Cuarta obviedad: el resultado del parto es el nacimiento de un ser humano. Quinta obviedad: los seres humanos no pueden ser considerados como propiedades de otros seres humanos…¿o acaso esto ya no es tan obvio?

Cuando se invoca la autonomía personal para legitimar este tipo de contratos se recurre al argumento de que la Constitución ampara la libertad máxima del individuo bajo la cláusula del “libre desarrollo de la personalidad” establecida en el artículo 10.1, que inagura el título de los derechos y deberes fundamentales. Y que, en consecuencia, los límites que se establezcan a dicha libertad no pueden obedecer a una suerte de moral individual. La cuestión es que la apelación a “individuos” o “personas” oculta las cuatro obviedades de índole biológica a las que me he referido porque la construcción jurídica del “individuo” se ha hecho históricamente prescindiendo de su cuerpo. Afirmar que prohibir la denominada “gestación por sustitución” puede ser inconstitucional por suponer una limitación injustificable en el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres equivaldría a sostener, en consecuencia, que las mujeres somos propietarias de los seres humanos que parimos y que, por tanto, tenemos poder de disposición sobre ellos en uso de nuestra “máxima” libertad. Esta era la quinta obviedad a la que me refería. Por eso sostengo (entre otras razones) que legalizar esta práctica es, obviamente, inconstitucional.