Mujeres y pueblos

(Publicado en diario “Información” el domingo 15 de octubre de 2017)

En un afán legitimador de sus posturas, hay quienes han evocado a Rosa Parks como icono de la desobediencia civil (no aplicable, por cierto, a poderes públicos) o a la lucha por la libertad de las mujeres para decidir sobre la interrupción de su embarazo, por ejemplo, para compararla con el independentismo o con el derecho de un pueblo a expresar la opinión sobre la relación entre Cataluña y España (popularizado ya con la expresión “derecho a decidir”).

También se ha recurrido, respecto de la relación España-Cataluña, a la analogía con la violencia machista, en la que Cataluña se identificaría con una mujer maltratada que decide abandonar al maltratador, identificado con España. Ya sucedió eso en un ampliamente criticado documental emitido por TV3 en diciembre de 2014 y en estas semanas he vuelto a escuchar el símil y a ver carteles en las movilizaciones en ese sentido.  Incluso en el debate en el Congreso sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género el pasado 28 de septiembre la cuestión territorial estuvo presente. La diputada de En Comú Podem, Ángela Rodriguez, defendía el voto por la abstención de su grupo parlamentario por considerar que el citado pacto no suponía “una reformulación de la sociedad en la que vivimos”, concluyendo que “el derecho a decidir de las personas y también de los pueblos es una de las cosas más fundamentales que hay que garantizar. En consecuencia, hoy estamos en profundo desacuerdo con ustedes, por las mujeres y por los pueblos”.

Creo que no hay término de comparación posible porque los sujetos de esos derechos no son comparables. En un caso hablamos de mujeres, seres humanos, sujetos individuales, reales (no ficticios), aunque la lucha por los derechos (como no puede ser de otra manera) sea colectiva. En el caso de Cataluña (como en el caso de España), el sujeto que se invoca (la nación o el pueblo) es una ficción, en el sentido de que se trata de un sujeto colectivo que no permite individualizaciones. Y no puedo evitar recordar que de ese sujeto colectivo las mujeres hemos estado históricamente excluidas. Como señala el historiador Álvarez Junco, hay “demasiados ejemplos de gobernantes que, en nombre del pueblo, la nación o el proletariado, han tiranizado a gran parte de esos mismos colectivos”.

Otra cosa distinta es ver en la independencia de Cataluña la ocasión de construir un Estado feminista como oportunidad para acabar con el sistema patriarcal que nos discrimina a las mujeres. Aparte de parecerme bastante ingenua esta tentadora postura (dado el innegable protagonismo masculino tanto en los gobiernos como en los medios de comunicación), no alcanzo a comprender cómo se puede combatir este sistema de opresión universal desde la atomización estatal.

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La insoportable irrelevancia política de la violencia machista

 

(fecha de publicación: 8 octubre 2017 en diario Información)

Asistimos con inquietud y preocupación al enfrentamiento entre dos gobiernos legítimos: el de España y el de Cataluña, el del Estado y el de una Comunidad Autónoma. Las fuerzas políticas situadas al frente de cada cual tienen concepciones diametralmente opuestas sobre la organización territorial del poder, pero ambas coinciden en la indiferencia hacia un problema político de enorme magnitud: las históricas y persistentes relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y su manifestación más cruenta manifestación, que es la violencia machista.

En la semana en que el enfrentamiento entre los dos gobiernos ha alcanzado su punto álgido, la violencia machista se ha cobrado la vida de seis mujeres y del bebé de una de ellas. Y el silencio al respecto ha sido clamoroso. La misma semana en la que el Congreso debatía y aprobaba  un pacto de Estado contra la Violencia de Género que requerirá, como la ley aprobada en 2004, de la coordinación y acuerdo del Estado con las Comunidades Autónomas. Mientras se fraguaba el pacto, desde la Seguridad Social se recurría una sentencia que incrementó la pensión de orfandad a tres menores, hijos de una asesinada por violencia machista en 2009. Ante la presión socialista y con el trágico balance de la semana, han retirado el recurso. Pero el Ministerio del Interior, el mismo día en que era encontrada otra mujer asesinada en Miranda de Ebro, anunciaba su intención de denunciar ante la Fiscalía a Ada Colau por haber declarado que durante la jornada del 1 de octubre algunas mujeres afirmaron haber sido agredidas sexualmente por la policía.

El bebé y dos mujeres fueron asesinadas el mismo domingo 1 de octubre. Una fue asesinada en Madrid por un hombre que confesó haberlo hecho “por celos”, aunque no computará en las estadísticas oficiales porque no había existido relación de pareja. Otra fue abatida a tiros en la puerta de su domicilio, en Barcelona, y el asesino mató también al bebé antes de suicidarse. En esa jornada se agitaban banderas. Ninguna de ellas protegía a esas mujeres. Sin duda, hubo violencia. Pero el rechazo y la condena masiva a esa violencia no incluye la de la violencia machista, que no tiene fecha fija porque está presente todos los días. Tanto el orden que hay como el que se pretende construir tienen un eje común: son órdenes patriarcales. Ninguno defiende la bandera de la igualdad.

La constitucionalista Eva Martinez Sampere, fallecida el pasado marzo, al preguntarse la razón por la que “el orden social patriarcal ha construido en última instancia las diferencias corporales entre los sexos como discriminatorias contra las mujeres” afirmaba “La única respuesta que me parece plausible es la de preparar a los varones para la guerra”. Y parece, vistas las actuaciones de ambos gobiernos, que Eva tenía razón.