EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL CONGRESO

¿POR QUÉ PUBLICO ESTE POST?

Esta entrada en mi blog tiene carácter extraordinario. Lo inaguré en junio de 2013 con la exclusiva finalidad de publicar mi artículo de opinión dominical en el diario “Información”, en el que se publica esta tribuna con el título “Hora de levantarse” desde diciembre de 2004. La denuncia en uno de mis artículos de opinión de lo que me ocurrió en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de octubre (https://maresquembre.wordpress.com/2013/10/20/somos-peligrosas-2/) es la causa de este nuevo post. Mi intención es hacer pública la vía que estoy siguiendo, que puede no ser muy conocida por la ciudadanía, para evitar que hechos así ocurran en el futuro. También creo que una ciudadanía activa conlleva la responsabilidad de contribuir a la difusión de todos los mecanismos que nuestra Constitución reconoce para que la democracia sea real y efectiva.

El significado político del término Constitución responde al sentido que históricamente ha tenido el constitucionalismo: asegurar la garantía de la libertad mediante la limitación del poder. Por tanto, el sistema constitucional significa que el Estado propugna unos determinados valores superiores (libertad, igualdad, justicia, pluralismo político: art. 1.1 Constitución española) y que las instituciones del Estado están configuradas de tal manera que el poder resulte limitado y la libertad (los derechos) garantizada. El objetivo garantista de la Constitución y del  constitucionalismo se persigue, así, mediante una determinada forma de organización del poder del Estado, pero también  normativamente: la Constitución es, efectivamente, una norma jurídica que obliga a los poderes del Estado y cuya infracción resulta antijurídica.

Los principios caracterizadores del Estado democrático, como expresión de la soberanía popular pueden resumirse en dos: el pluralismo y la participación, con múltiples desarrollos a lo largo de la CE. La participación supone la efectiva gestión política por el sujeto de la soberanía, el pueblo. Aunque la Constitución española opta por la primacía de un sistema basado en la representación política para dicha gestión, la participación en los asuntos públicos se articula de muy distintas formas, estableciéndose entre ellas unos mecanismos que podríamos calificar como “democracia semidirecta”. Los mecanismos de este tipo que reconoce nuestra Constitución son la iniciativa legislativa popular (art. 87.3), el referéndum (arts. 92 y, por lo que se refiere a la reforma constitucional, arts. 167 y 168) y el derecho de petición (art. 29 y, cuando se dirija a las Cortes Generales, art. 77).

Es esta última vía, la del derecho de petición, la que he decidido activar por el momento porque me parece la más adecuada.

¿QUÉ ES EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL CONGRESO?

En el portal de la Constitución española de la web del Congreso de los Diputados hay una excelente explicación. Para definir en qué consiste el derecho de petición y cómo se puede ejercer utilizaré como fuente el portal de la Constitución española de la web del Congreso de los Diputados. Copio aquí los enlaces a la sinopsis de los artículos 29 y 77 de la Constitución para quienes tengan interés en profundizar más:

Sinopsis artículo 29 Constitución española: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=29&tipo=2

Sinopsis artículo 77 Constitución española:

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=77&tipo=2

El derecho de petición a las Cortes (reconocido en todos los textos constitucionales españoles desde 1837 y en el actual en el art. 77) se configura como una modalidad del derecho fundamental de petición reconocido en el art. 29 de la Constitución española.

El derecho de petición ante las Cámaras se plantea como una vía complementaria de las que, con mayor o menor complejidad (arts. 24, 53, 54, 105 CE) se prevén en nuestro ordenamiento para que la ciudadanía pueda obtener la efectiva protección de sus derechos y la tramitación de sus demandas, de forma que la Comisión de Peticiones sirve de canalizador que redirige la solicitud por el cauce y ante al destinatario adecuado.

El derecho de petición se ha desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre (http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41367-41370.pdf). Os recomiendo su lectura.

En la citada Ley, la Disposición Adicional Primera dispone que:

 “1. Las peticiones dirigidas al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas se tramitarán de conformidad a lo establecido en sus respectivos Reglamentos que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios, si así se considerara oportuno, quedando sujetas, en todo caso, las decisiones que adopten al régimen de garantías fijado en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.”

De acuerdo con la remisión a los Reglamentos parlamentarios que realiza la citada Disposición, el art. 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados dispone:

Artículo 49

1. Será aplicable a la Comisión de Peticiones lo establecido en el apartado 1 del artículo anterior.

2. La Comisión examinará cada petición, individual o colectiva, que reciba el Congreso de los Diputados y podrá acordar su remisión, según proceda, por conducto del Presidente de la Cámara:

1º. Al Defensor del Pueblo.

2º. A la Comisión del Congreso que estuviere conociendo del asunto de que se trate.

3º. Al Senado, al Gobierno, a los Tribunales, al Ministerio Fiscal o a la Comunidad Autónoma, Diputación, Cabildo o Ayuntamiento a quien corresponda.

3. La Comisión también podrá acordar, si no procediere la remisión a que se refiere el apartado anterior, el archivo de la petición sin más trámites.

4. En todo caso se acusará recibo de la petición y se comunicará al peticionario el acuerdo adoptado.

¿Y CÓMO SE EJERCE?

Es muy sencillo porque apenas requiere formalidades. Lógicamente, tampoco se requiere efectuar ningún tipo de pago de tasas. Consultad los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre (http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/13/pdfs/A41367-41370.pdf). No es necesario poseer la nacionalidad española para ejercerlo. Se puede ejercer de forma individual y también colectiva.

En mi caso, he ejercido el derecho de petición ante el Congreso mediante este escrito que presenté ayer (bueno, lo hizo por mí una tercera persona, extremo que también está previsto en la citada Ley):

En Madrid, a 6 de noviembre de 2013

 

A la Comisión de Peticiones del Congreso

 

Dª Mª del Mar Esquembre Valdés, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI nº……., vecina de Alicante, con domicilio en C/ …,

EXPONGO

Que fui invitada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados a presenciar la sesión plenaria de esa Cámara que se celebraba el pasado día 16 de octubre y que al llegar al control de acceso el ujier comprobó el listado de invitados, detectando que el segundo apellido de mi DNI no coincidía con el del listado. Aunque tanto la persona que me había cursado la invitación (empleada del citado grupo parlamentario) y yo misma alegamos el motivo de la confusión, la agente de policía nacional allí destinada, que mientras tanto se había puesto unos guantes de látex, me comunicó que si quería acceder a las tribunas habría de someterme a un “cacheo integral”. Me metieron en un cuarto adjunto al mostrador de acceso y esa agente de policía, acompañada de otra no uniformada como tal, me pidió que me quitase la ropa. Ante mi extrañeza por tal medida, le pregunté la razón, a lo que se limitó a responder que aplicaba el “protocolo de seguridad”. Una vez efectuado ese humillante ‘trámite’, la agente de policía no uniformada me acompañó a la Tribuna de invitados del Hemiciclo y tomó asiento a mi lado (dejando un asiento vacío en medio) durante la aproximadamente media hora que permanecí allí. Dudo que este trato sea dispensado por igual a toda persona invitada, pues en la puerta de acceso, delante de mí y de la persona que me acompañaba, dos hombres accedieron  sin tener que someterse a más control que el de la comprobación de sus datos y tampoco pude observar que estuvieran ‘custodiados’ por agente de policía alguno una vez en la Tribuna.

Considero que se me infligió un trato vejatorio, injusto, inaceptable, discriminatorio y absolutamente desproporcionado, que supone  un claro atentado a mi dignidad personal y a los derechos inviolables que le son inherentes y que sobrepasa las normas que pueden considerarse adecuadas e imprescindibles para garantizar el orden en las tribunas del Congreso de los Diputados.

Formulada protesta y solicitada explicación de estos hechos por la diputada Carmen Montón, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, en escrito registrado en la Secretaría General del Congreso con fecha 18 de octubre y dirigido al Presidente de la Cámara, éste acordó solicitar informe a la Comisaría Especial del Congreso. En dicho informe, de fecha 23 de octubre, y que se hizo público por los medios de comunicación, se afirma que mi versión de los hechos es falsa, “según lo aportado documentalmente” por las dos mujeres policías, argumentando que se aplicó el “protocolo establecido”.

Con fecha 29 de octubre tuve conocimiento por los medios de comunicación de declaraciones de D. Jesús Posada, Presidente del Congreso, en las que avalaba el citado informe policial. Esta circunstancia es especialmente grave por provenir de quien, en nombre de la Cámara, ejerce las facultades de policía en su interior, tal y como establece el art. 72.3 de la Constitución española. Ello ha contribuido a agravar la situación que sufrí poniendo en duda mi honorabilidad y alentando declaraciones de algunos agentes pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no se compadecen con la misión constitucionalmente encomendada a los mismos y que no es otra que la de “proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”, tal y como establece el art. 104 de nuestra Constitución. Como muestra de lo anterior se puede consultar la Circular Nacional Informativa nº 78/2013 del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Profesional de Policía, firmada en Madrid a 30 de octubre de 2013 y públicamente difundida desde su página web, con el titular «La profesora “valiente”».

 

Por todo lo anteriormente expuesto,

en ejercicio del DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

reconocido en el artículo 29 de la Constitución española y en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, como cauce de expresión en defensa de mis intereses legítimos, por afectarme de modo directo estas actuaciones y con el fin de valorar la oportunidad del ejercicio de las acciones judiciales en defensa de mi dignidad y de mis derechos fundamentales, que son fundamento del orden político y de la paz social,

SOLICITO

A la COMISIÓN DE PETICIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, conforme a los anteriores fundamentos jurídicos, así como al art. 77.1 de la Constitución y art. 49 del Reglamento de la citada Cámara,

QUE SE DIRIJA AL PRESIDENTE DEL CONGRESO AL OBJETO DE QUE ME SEA PROPORCIONADA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

–          Copia del protocolo de seguridad establecido para el acceso a las Tribunas del Hemiciclo al que se alude en el informe policial citado y su fecha de aprobación.

–          Copia del contenido de “lo aportado documentalmente por las dos mujeres policías” que se menciona en el informe de 23 de octubre de 2013 de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados sobre los hechos relatados en este escrito.

–          Copia de la grabación por videocámara del acceso donde aparezca mi imagen al objeto de apreciar que las prendas que vestía “no poseían logos ni inscripciones reivindicativas”, finalidad que cita el informe para justificar que me hicieran pasar a un cuarto anejo al control de acceso acompañada por las dos mujeres policías.

 

–          Copia de la grabación por videocámara del cuarto anejo al control de acceso en el tiempo en que me sometieron al cacheo consistente en despojarme de mi ropa, quedándome en ropa interior.

–          Copia de la grabación por videocámara de la Tribuna de invitados del Hemiciclo donde aparezca mi imagen al objeto de apreciar la presencia constante de una de las dos mujeres policías a mi lado.

–          Relación del número de personas invitadas ese día y el día posterior a la Tribuna de invitados del Hemiciclo, especificando su sexo, así como el grupo parlamentario que les cursó la invitación o, en su caso, si se trataba de solicitudes de acceso para el público, ya fueran personales o de grupo.

–          Relación del número de personas invitadas ese día y el día posterior a la Tribuna de invitados del Hemiciclo, especificando su sexo, que fueron sometidas a un control adicional al de la mera comprobación sus datos personales, recogida y custodia de sus teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos y chequeo visual de su ropa. Y concretamente de aquellas personas a las que se les hizo pasar a un cuarto anejo al control de acceso ‘siguiendo con el protocolo establecido’, al que se refiere el citado informe de 23 de octubre de 2013 de la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados.

 

Y UNA VEZ PRESENTADO: ¿QUÉ SUCEDE?

La regulación de este derecho en el Reglamento del Congreso se limita, como he afirmado más arriba, al artículo 49 y es mucho menos extensa que la prevista por el Reglamento del Senado (vid. el enlace a la sinopsis del art. 77 CE que he colgado más arriba). Al no contemplarse en el citado artículo la posibilidad de que la remisión de la petición se haga a órganos tales como la Presidencia del Congreso o la Mesa del Congreso, es probable que sea necesario, como sucede en este caso concreto, adoptar una resolución de la Presidencia o un acuerdo de la Mesa por el que se provea a la interpretación del Reglamento para el caso de que se presenten peticiones similares. O bien una modificación del propio Reglamento.

En cualquier caso, aplicando de manera supletoria a esta exigua regulación lo establecido en la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición, en el caso planteado el camino a seguir sería el siguiente:

1)    La Comisión de Peticiones ha de acusar recibo de la recepción del escrito de petición (el art. 6.2 establece un plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de su presentación).

2)    Una vez que se me acuse recibo de la recepción del escrito, la Comisión de Peticiones puede:

  1. Inadmitir la petición: habrá de hacerlo, de forma motivada, en el plazo de los 45 días hábiles siguientes al de presentación del escrito de petición (art. 9)
  2. Solicitar que se subsane la petición: plazo de 15 días (art. 7). En este caso, una vez subsanada, volveríamos a 1) o 3)
  3. Admitir a trámite la petición: tiene la obligación de contestar y notificar la contestación en un plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación (art. 11)

3)    Si se incumple lo anterior, cabe la protección jurisdiccional por la vía preferente y sumaria para los derechos fundamentales regulada en los arts. 114 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es el denominado “amparo ordinario” (art. 12).

 

 

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2 comentarios en “EL DERECHO DE PETICIÓN ANTE EL CONGRESO

  1. Estamos contigo Mar !!! Me inspiras.
    Un abrazo muy, muy fuerte !!!
    Alejandra

  2. MAR FELICITACIONES, gracias por informarnos pormenorisadamennte, de l.
    las acciones jurídicas que estas llevando a cabo.
    Tiene gran importancia, la información didáctica que nos ofreces de un tema, que la gran mayoría de la ciudadanía ignoramos
    Tu coraje y valentía frente a la defensa de los derechos de las mujeres, no puede tener otra respuesta que mi apoyo incondicional.

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