Mujeres y pueblos

(Publicado en diario “Información” el domingo 15 de octubre de 2017)

En un afán legitimador de sus posturas, hay quienes han evocado a Rosa Parks como icono de la desobediencia civil (no aplicable, por cierto, a poderes públicos) o a la lucha por la libertad de las mujeres para decidir sobre la interrupción de su embarazo, por ejemplo, para compararla con el independentismo o con el derecho de un pueblo a expresar la opinión sobre la relación entre Cataluña y España (popularizado ya con la expresión “derecho a decidir”).

También se ha recurrido, respecto de la relación España-Cataluña, a la analogía con la violencia machista, en la que Cataluña se identificaría con una mujer maltratada que decide abandonar al maltratador, identificado con España. Ya sucedió eso en un ampliamente criticado documental emitido por TV3 en diciembre de 2014 y en estas semanas he vuelto a escuchar el símil y a ver carteles en las movilizaciones en ese sentido.  Incluso en el debate en el Congreso sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género el pasado 28 de septiembre la cuestión territorial estuvo presente. La diputada de En Comú Podem, Ángela Rodriguez, defendía el voto por la abstención de su grupo parlamentario por considerar que el citado pacto no suponía “una reformulación de la sociedad en la que vivimos”, concluyendo que “el derecho a decidir de las personas y también de los pueblos es una de las cosas más fundamentales que hay que garantizar. En consecuencia, hoy estamos en profundo desacuerdo con ustedes, por las mujeres y por los pueblos”.

Creo que no hay término de comparación posible porque los sujetos de esos derechos no son comparables. En un caso hablamos de mujeres, seres humanos, sujetos individuales, reales (no ficticios), aunque la lucha por los derechos (como no puede ser de otra manera) sea colectiva. En el caso de Cataluña (como en el caso de España), el sujeto que se invoca (la nación o el pueblo) es una ficción, en el sentido de que se trata de un sujeto colectivo que no permite individualizaciones. Y no puedo evitar recordar que de ese sujeto colectivo las mujeres hemos estado históricamente excluidas. Como señala el historiador Álvarez Junco, hay “demasiados ejemplos de gobernantes que, en nombre del pueblo, la nación o el proletariado, han tiranizado a gran parte de esos mismos colectivos”.

Otra cosa distinta es ver en la independencia de Cataluña la ocasión de construir un Estado feminista como oportunidad para acabar con el sistema patriarcal que nos discrimina a las mujeres. Aparte de parecerme bastante ingenua esta tentadora postura (dado el innegable protagonismo masculino tanto en los gobiernos como en los medios de comunicación), no alcanzo a comprender cómo se puede combatir este sistema de opresión universal desde la atomización estatal.

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La insoportable irrelevancia política de la violencia machista

 

(fecha de publicación: 8 octubre 2017 en diario Información)

Asistimos con inquietud y preocupación al enfrentamiento entre dos gobiernos legítimos: el de España y el de Cataluña, el del Estado y el de una Comunidad Autónoma. Las fuerzas políticas situadas al frente de cada cual tienen concepciones diametralmente opuestas sobre la organización territorial del poder, pero ambas coinciden en la indiferencia hacia un problema político de enorme magnitud: las históricas y persistentes relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y su manifestación más cruenta manifestación, que es la violencia machista.

En la semana en que el enfrentamiento entre los dos gobiernos ha alcanzado su punto álgido, la violencia machista se ha cobrado la vida de seis mujeres y del bebé de una de ellas. Y el silencio al respecto ha sido clamoroso. La misma semana en la que el Congreso debatía y aprobaba  un pacto de Estado contra la Violencia de Género que requerirá, como la ley aprobada en 2004, de la coordinación y acuerdo del Estado con las Comunidades Autónomas. Mientras se fraguaba el pacto, desde la Seguridad Social se recurría una sentencia que incrementó la pensión de orfandad a tres menores, hijos de una asesinada por violencia machista en 2009. Ante la presión socialista y con el trágico balance de la semana, han retirado el recurso. Pero el Ministerio del Interior, el mismo día en que era encontrada otra mujer asesinada en Miranda de Ebro, anunciaba su intención de denunciar ante la Fiscalía a Ada Colau por haber declarado que durante la jornada del 1 de octubre algunas mujeres afirmaron haber sido agredidas sexualmente por la policía.

El bebé y dos mujeres fueron asesinadas el mismo domingo 1 de octubre. Una fue asesinada en Madrid por un hombre que confesó haberlo hecho “por celos”, aunque no computará en las estadísticas oficiales porque no había existido relación de pareja. Otra fue abatida a tiros en la puerta de su domicilio, en Barcelona, y el asesino mató también al bebé antes de suicidarse. En esa jornada se agitaban banderas. Ninguna de ellas protegía a esas mujeres. Sin duda, hubo violencia. Pero el rechazo y la condena masiva a esa violencia no incluye la de la violencia machista, que no tiene fecha fija porque está presente todos los días. Tanto el orden que hay como el que se pretende construir tienen un eje común: son órdenes patriarcales. Ninguno defiende la bandera de la igualdad.

La constitucionalista Eva Martinez Sampere, fallecida el pasado marzo, al preguntarse la razón por la que “el orden social patriarcal ha construido en última instancia las diferencias corporales entre los sexos como discriminatorias contra las mujeres” afirmaba “La única respuesta que me parece plausible es la de preparar a los varones para la guerra”. Y parece, vistas las actuaciones de ambos gobiernos, que Eva tenía razón.

 

1-O: el inaplazable derecho al voto

Que no les confunda el titular. No voy a escribir sobre el no-referéndum en Cataluña. Probablemente la del 1 de octubre de 2017 será una fecha de relevancia histórica en el futuro, pero ni de lejos tendrá la trascendencia del 1 de octubre de 1931. Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de aquel año, las Cortes Constituyentes debatieron y aprobaron (aunque no de forma definitiva) la esencia misma de la democracia, su elemento constitutivo: la igualdad de derechos de hombres y mujeres, con la consecuente eliminación de privilegios y el reconocimiento del sufragio universal, un derecho hasta entonces sólo reservado a los hombres.

El debate, durísimo, lo ganó a pulso la diputada Clara Campoamor, integrante de la Comisión Constitucional redactora del proyecto. No fue la igualdad de derechos lo impugnado ni la titularidad del derecho de sufragio, sino precisamente su puesta en práctica o, más concretamente, el ejercicio del derecho al voto por parte de las mujeres. Y fue, precisamente, buena parte de la izquierda (incluida la formación política de la propia Clara Campoamor) la que, habiendo votado a favor de la igualdad derechos el 29 de septiembre, trató por todos los medios, desde el día siguiente a esa aprobación, que el voto de las mujeres se aplazase. En efecto, el mismo 30 de septiembre el Partido Radical y Acción Republicana presentaban una traicionera enmienda al artículo en cuestión que, sin cuestionar abiertamente el derecho de las mujeres al voto, dudaban de su oportunidad, pretendiendo que fuera la ley electoral la que permitiese o impidiese a éstas su ejercicio. Hubo votación nominal esa tarde en el Congreso, solicitada por la propia Campoamor: 153 votaron en contra de la misma y 93 la apoyaron. Parecía que la lógica y la razón habían vencido por un margen de 60 votos, pero no. Al día siguiente, 1 de octubre, otra votación nominal, esta vez para votar no una enmienda, sino la totalidad del artículo 34 que reconocía el derecho al voto para ambos sexos. Con 161 votos a favor y 121 en contra, 40 votos de diferencia, quedó aprobado en el marco de un debate en el que se escenificó el enfrentamiento entre Clara Campoamor y Victoria Kent, por entonces las únicas dos diputadas de la Cámara.

Todavía hubo una intentona más: el 1 de diciembre, quienes habían visto derrotadas sus expectativas en las votaciones al articulado trataron de introducir una disposición transitoria en el proyecto de Constitución que estaba a punto de aprobarse. Pretendían dejar sin efecto temporalmente el artículo 34, de tal manera que sólo tras la celebración de dos elecciones municipales pudieran las ciudadanas votar en las elecciones legislativas, provinciales y regionales. Los votos socialistas y republicanos impidieron tal intento de vaciamiento constitucional por parte de Acción Republicana y de la minoría radicalsocialista, pero sólo por una diferencia de ¡4 votos!. Fue la diputada Clara Campoamor la encargada de rebatir esta enmienda, pero no cayó en la trampa de volver a defender el voto para las mujeres. Como bien afirmó “aunque mujer y convencida de la justicia de ese derecho, no voy a defender el voto. Eso ya pasó”. Lejos de contestar a los argumentos esgrimidos sobre la poca preparación política de las mujeres o su consideración como “la hipoteca del confesionario”, anunció que a lo que iba a contestar era a los verdaderos argumentos y razones que impulsaban la enmienda y que, sin embargo, no constaban específicamente en la misma. Y éstos no eran más que el miedo a que las mujeres votaran mayoritariamente a las derechas.

No lo pudo expresar mejor Clara Campoamor: “nos oponemos a que (…) dentro de la misma Constitución, se eleve (…) un monumento al miedo”.  Por eso afirmó: “Yo voy a defender la Constitución (…) Y ha de advertirse que entiendo que en toda la Constitución los derechos son los mismos” y, en consecuencia, no se podía condicionar el derecho al voto de la mitad de la ciudadanía.

La Constitución de la República de 1931 se aprobó el 9 de diciembre. Si no hubiera sido por la batalla que planteó Clara Campoamor, probablemente nos hubieran dejado sentadas a las mujeres en el banco de la paciencia. Justo donde suelen enviarnos siempre que planteamos el reconocimiento efectivo de nuestros derechos ¿Nos enviarán también allí cuando se plantee la reforma de la actual Constitución? ¿Permitiremos que eso suceda?

clara campoamor

(Recomiendo la lectura de los debates directamente de los diarios de sesiones de aquellas Cortes Constituyentes. Aquí va el enlace: http://www.congreso.es/est_sesiones/)

¿Madre a la fuerza?

Esta semana, entre todas las terribles noticias recibidas, me impactó especialmente la de una niña portuguesa de 12 años que está embarazada de 25 semanas como consecuencia de las reiteradas violaciones de su padrastro. Dado que el plazo de 16 semanas de gestación que prescribe la ley para interrumpir el embarazo en caso de violación se ha sobrepasado, se encuentran ahora las autoridades médicas decidiendo si la niña ha de ser o no madre. Sigue leyendo

Disculpen las molestias, pero es que nos están asesinando

(Artículo publicado en “Información” el domingo 5 de abril de 2015)

Son las 16.24 horas del 31 de marzo y me dispongo a leer la prensa digital. Ni 24 horas han transcurrido desde la noticia del asesinato de una mujer y sus dos hijas en Gibraltar, culminando una jornada sangrienta en que unos machistas decidieron segar la vida de sus parejas o exparejas en Alahurín de la Torre y en Lleida y siguen sin esclarecerse los motivos del asesinato de una mujer cuyo cadáver ha sido hallado con signos de violencia en una cuneta de Isla Cristina. Sigue leyendo

Estudiantes contra la violencia machista

Artículo publicado en “Información” el domingo 29 de marzo de 2015

Farkhunda, una joven afgana, fue linchada y quemada viva hace unos días por violentos fanáticos que la acusaban de haber quemado un ejemplar del Corán. Según las noticias, nadie hizo nada por impedir la agresión, ni siquiera la policía. El domingo pasado, en la capital de Afganistan, las mujeres desafiaron un mandato de género portando el ataúd de Farkhunda en un entierro-protesta multitudinario en el que muchos hombres formaron una cadena entre ellos para apoyar a esas mujeres a fin de que nadie les impidiese manifestar su rabia e indignación. Sigue leyendo

Sin paridad no es democracia

Artículo publicado en “Información” el 22 de marzo de 2015

El martes pasado acudí al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales a la presentación del libro “El derecho a la participación política de las mujeres. El impacto de la Ley de Igualdad en las elecciones a las Cortes Generales (2004-2008-2011)”. En él se reflejan parte de los resultados de un proyecto de investigación realizado por varias profesoras que integramos la Red Feminista de Derecho Constitucional. Como saben, la Ley de Igualdad de 2007 modificó la Ley Electoral estableciendo el requisito de que las candidaturas electorales integraran a ambos sexos en un porcentaje no inferior al 40% ni superior al 60% en cada tramo de 5 puestos. Algunas normas electorales autonómicas establecen un porcentaje del 50% exigiendo, además, que se haga en forma de “cremallera”, es decir, alternando mujeres y hombres. Es el caso, por ejemplo, de las elecciones al Parlamento andaluz que se celebran hoy. Sigue leyendo